El juez argentino Claudio Bonadio descartó este lunes detener a la expresidenta Cristina Fernández en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en operaciones del Banco Central (BCRA) realizadas durante su Gobierno (2007-2015), por la que la procesó en mayo pasado.
«Procesalmente, no están dadas las cuestiones que hacen a una posible orden restrictiva de la libertad» de la exmandataria, apuntó el magistrado federal en declaraciones a Radio Nacional, en las que hizo hincapié en que dicha medida se aplica «en contadísimas ocasiones», cuando «no hay absolutamente ninguna otra opción».
El pasado viernes la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Fernández y de los otros 14 acusados -entre ellos, el exministro de Economía de la Nación y actual diputado nacional Axel Kicillof- en la causa que investiga la venta, por parte del Banco Central, de contratos de futuros de dólar al final de su mandato.
Además, ratificó el embargo por 15 millones de pesos (unos 967.000 dólares).
Ambas medidas habían sido dictadas en mayo por Bonadio -a cargo de otras dos causas judiciales en las que está implicada Fernández- al considerar que en esas operaciones hubo «administración infiel en perjuicio de la administración pública», sentencia que fue apelada en septiembre por la expresidenta y el resto de los implicados.
La investigación apunta a que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, se registraron millonarias pérdidas para la entidad bancaria.
Este lunes, Carlos Beraldi, uno de los abogados de la expresidenta, señaló que la resolución del viernes sigue la línea de la dictada hace seis meses «en cuanto a que se trata de meras suposiciones, especulaciones, prejuicios y carece de todo argumento fáctico y jurídico» porque «no hay ni pruebas ni argumentos de derecho que sostengan un procesamiento tan grave».
En declaraciones a Radio 10, el procurador cuestionó la «confianza» que le merecen los magistrados al resolver de una manera «casi escandalosa» y destacó que «ni siquiera en el fallo arbitrario se hace una sola referencia» de que Fernández «se haya quedado con algún tipo de beneficio económico».
Además, adelantó que va a presentar un escrito en tribunales pidiendo que la causa sea «inmediatamente elevada» a la instancia oral porque, según dijo, «desde el primer momento» Fernández quería dar una explicación pública, pero fue decisión de la misma defensa agotar antes el resto de las instancias.
Por su parte, el juez insistió en que no hace «futurología» sobre la posibilidad de que vaya a prisión a raíz de esta causa y dijo que ahora falta «darle vista» al fiscal para que concrete el juicio y que después los abogados hagan un último acto de defensa para, finalmente, elevar la causa a la instancia oral.
Para Bonadio, con el fallo de la Cámara, «quedó claramente configurado un delito de administración fraudulenta por abuso de confianza» en el marco de una causa abierta a raíz de una denuncia realizada en octubre de 2015 por diputados del actual frente gobernante Cambiemos, en ese momento miembros de la oposición.
En opinión del juez, la operación de dólar futuro fue una «especulación fabulosa» conocida y utilizada no solo por los bancos, sino por «gran parte del sistema económico argentino», que se aprovechó de esa especie de «timba financiera del peso contra el dólar».
«Es una de las causas de corrupción más importantes que hay. Nos costó a los argentinos la friolera de más de 57.000 millones de pesos, que, al dólar como estaba en el momento, son 5.000 millones de dólares», sostuvo.
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