La Justicia de Argentina embargó económicamente y prohibió salir del país a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos tras dictar su procesamiento como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
El juez federal Claudio Bonadio procesó además a, entre otros, a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a Romina Mercado, sobrina de la exmandataria quien fue presidenta desde 2015 de la sociedad Los Sauces, y al fallecido ex jefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007).
La acusación apunta a que pudo utilizarse esta empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de Báez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En una larga resolución, Bonadio acusó a la expresidenta, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (8,44 millones de dólares), “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, el cual concurre “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito” agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”.
Asimismo, Máximo -actual diputado nacional- y Florencia Kirchner también fueron embargados con grandes sumas de dinero y acusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociación ilegal.
Con información de EFE
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