La Justicia argentina investiga la muerte de un expolicía tras recibir disparos durante un operativo antirrobo y que había declarado en la causa sobre el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, confirmaron este martes a la agencia de noticias EFE fuentes jurídicas.
El sargento Héctor Osvaldo Goncálvez Pereyra, ya retirado y de 50 años, murió dos días después del tiroteo, que tuvo lugar el 8 de septiembre, pero en ese momento no se conoció su vinculación con el caso Nisman.
El fiscal Nisman apareció sin vida en enero de 2015 en su casa de Buenos Aires, cuatro días después de denunciar a la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por presunto encubrimiento de terroristas.
Junto a otros custodios, Goncálvez Pereyra participaba en un operativo de seguridad desplegado por una agencia privada para evitar el robo de un camión que llevaba ropa en la localidad bonaerense de Luján, en el que recibió varios disparos y falleció el pasado 10 de septiembre.
Si bien se estima que se trató de un «robo ordinario», sin ningún nexo con la investigación del deceso de Nisman, la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, encargada del expediente de la muerte del fiscal, pidió una copia de las actuaciones llevadas a cabo por el juzgado que estudia los sucesos de Luján, informaron a Efe fuentes del Ministerio Público.
El fin es conocer los hechos y evaluar si «tendrían algún tipo de conexión» con la causa que está a su cargo.
Goncálvez Pereyra había prestado declaración testimonial ante la Fiscalía en el caso Nisman porque desde un teléfono a su nombre se realizaron supuestamente llamadas al número de Luis Miño, uno de los custodios a cargo de la seguridad de la vivienda de Nisman cuando apareció sin vida en circunstancias que todavía se investigan.
En su declaración, Goncálvez Pereyra dijo «que tenía una flota de (teléfonos) Nextel a su nombre y con un teléfono celular de esa flota es a la que Miño se conecta cuando ya aparece sin vida Nisman», remarcaron a Efe fuentes del caso, que añadieron que en esa comparecencia subrayó que «ese celular no lo tenía él sino que era parte de la flota».
«Lo que se determinó es que tanto el custodio Miño y su hermano también trabajaban en seguridad haciendo (trabajos) adicionales para el grupo Exxel, donde también trabajaba Goncálvez Pereyra», añadieron.
Miño, quien junto al otro custodio Armando Niz fue imputado por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», ya rindió declaración y también fue citado como investigado, pero en ese momento presentó un escrito y no declaró ni hizo referencia al asunto de las llamadas desde dicho teléfono.
En el juzgado de Palmaghini todavía está en trámite una medida para profundizar más en el «entrecruzamiento» de todos los teléfonos que circularon por las inmediaciones del edificio del barrio de Puerto Madero de Buenos Aires donde vivía el fiscal.
«Muy posiblemente de ese trabajo pudiera surgir que nuevamente (…) Goncálvez Pereyra tuviera que volver a declarar. Pero no había sido citado todavía», añadieron las fuentes, quienes consideraron que «en principio» no se ha constatado que el ahora fallecido tuviera «una relación directa con Nisman».
El fiscal, que estaba al frente de la investigación del atentado contra la sede de la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, había denunciado a Fernández y otros altos cargos por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes del ataque, a cambio supuestamente de impulsar el intercambio comercial de granos de Argentina por petróleo de Irán. Esa denuncia fue archivada.
En todo este tiempo, la investigación judicial sigue estancada y aún no ha determinado si el fiscal se suicidó o si, tal y como sostiene su familia, fue asesinado.
Hasta ahora, en la causa por el fallecimiento solo están imputados el colaborador informático Diego Lagomarsino, por prestarle el arma que acabó con su vida y los escoltas que debían custodiarlo, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario.
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