El lunes 17 de diciembre, el abogado Víctor Martínez interpuso una demanda en contra de varios artículos del Decreto Ejecutivo N.° 362 de 29 de noviembre de 2018 que reglamenta el cobro del impuesto sobre bien inmueble.
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“La ley señala que debe haber confidencialidad de los clientes en sus cuentas bancarias y no deben ser reveladas si no es por órdenes judiciales”, expresó Martínez, haciendo hincapié en los artículo 5, el numeral 1 del artículo 7 y el artículo 10 que autorizan a la Dirección General de Ingresos a solicitar información privada de los clientes.
“El decreto también violenta el Código Fiscal que establece la forma del cobro de los impuestos”, indicó Martínez.
“Este tema es muy delicado y serio, porque toda la información del estado crediticio de los clientes se las dará a la DGI”, indicó el litigante, quien se pregunta por qué razón el Gobierno desea conocer las cuentas bancarias de los panameños.
Ante lo establecido en el decreto, Víctor Martínez está solicitando que se declare «nulo por ilegal» los artículos expuestos, toda vez que se viola la intimidad financiera de las personas, algo que la ley sanciona.
Fuente: Crítica
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