La juez de Garantías Sandra Castillo legalizó la aprehensión de 10 personas de nacionalidad panameña y china por el delito de tráfico ilícito de inmigrantes, en perjuicio de al menos 10 personas de nacionalidad china.
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Los fiscales Miguel Tuñón y Paula Garcés Jiménez, en representación del Ministerio Público, solicitaron a la juez Castillo que se legalizara la detención de los 10 sospechosos y se imputaran por el delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de inmigrantes y en calidad de autores.
El Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Garantías todos los elementos de convicción recaudados hasta el momento, entre ellos: remuneraciones económicas por el tráfico ilícito de personas, informes de vigilancia y seguimiento con el que se corroboró la ruta de los migrantes chinos desde su país de origen hasta su destino final en Costa Rica y Panamá utilizando documentación falsa.
Además, se realizaron interceptaciones telefónicas de los equipos celulares de la supuesta red de tráfico ilegal y se agregó a la carpetilla la logística de esta red. Actuaban de la siguiente manera: desde la provincia de Chiriquí, específicamente entre la frontera de Costa Rica y Panamá, trasladaban a los migrantes asiáticos hacia varios puntos en provinciales centrales y de la ciudad capital.
La defensa no objetó la legalización de la detención, pero sí se opusieron a la formulación de la imputación referente a la denominación en calidad de autores.
Esta investigación se inició en mayo de 2017, cuando unos informes de inteligencia y policiales dieron conocimiento acerca de una supuesta organización criminal de tráfico ilícito de migrantes chinos, que ingresaban a Costa Rica y Panamá.
Fuente: El Siglo
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