El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) deberá contar con una autorización judicial si quiere «ausentarse de su lugar de residencia, cambiar de domicilio o salir del país», ordenó un juez peruano.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido del Ministerio Público para que se varíe la regla de conducta que se había impuesto a Humala, de solo dar aviso al juez, señaló el Poder Judicial en un comunicado.
«El cambio de la norma de conducta se enmarca dentro de la investigación preparatoria que se le sigue al exmandatario, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado», precisó la nota.
Agregó que el juez consideró que la exigencia de la autorización judicial para salir del país «es una medida eficaz, cumple con la finalidad del mandato de comparecencia con restricciones de evitar el peligro de fuga y permite un control judicial del investigado».
Además, estableció que en el caso concreto de Humala «se ha intensificado el peligro de fuga, que se evidencia en dos poderes notariales, ambos de fecha 22 de noviembre de 2016».
Según detalló, en el primero de esos permisos, la esposa del expresidente, Nadine Heredia, facultó al exmandatario «para que viaje con sus menores hijos, o con una persona que este designe, al interior o exterior del país, sin limitación alguna».
En el otro, añadió, «ambos esposos otorgan la misma potestad a Rosa Elena Heredia Mendoza», una prima de Nadine Heredia.
El magistrado dispuso, además, que la nueva norma de conducta se ejecute de inmediato y ordenó que se remita un oficio a la oficina de Migraciones para que se registre en su base de datos.
El martes, el juez Concepción Carhuancho ordenó una medida similar para Nadine Heredia y otras cuatro personas de su entorno, entre ellas su madre, Antonia Alarcón, y su hermano Ilan Heredia.
El 11 de enero, el juez autorizó a Heredia a viajar a Ginebra para asumir el cargo de directora de Enlace de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que fue designada en noviembre, pero ordenó que todos los meses deberá volver al país para firmar un cuaderno de control.
La esposa de Humala regresó a Lima el pasado 1 de diciembre, después de que el juez le diera como plazo máximo el 5 de diciembre, mientras que la FAO informó que había aplazado su asunción de funciones.
Humala y Heredia son investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos en una supuesta financiación irregular del Partido Nacionalista Peruano (PNP), fundado y presidido por ella y su esposo, durante las campañas electorales de 2006 y 2011.
Entre las acusaciones que se les hacen está supuestamente haber recibido dinero del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez para la campaña electoral de Humala en 2006, y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña de 2011.
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