HRW atribuyó este jueves a la Policía de Filipinas las ejecuciones extrajudiciales de la «guerra contra las drogas», suspendida temporalmente por el presidente, Rodrigo Duterte, y exigió a la ONU investigar y depurar responsabilidades.
Human Rights Watch concluyó que «la Policía habitualmente mataba a sangre fría a los sospechosos relacionados con drogas y luego encubría su crimen colocando drogas y armas en el lugar», según el informe de 117 páginas publicado hoy bajo el título «Licencia para matar».
La polémica campaña iniciada con el mandato de Duterte a finales de junio ha causado hasta la fecha 7.080 muertos, de los que 2.555 fueron abatidos por la Policía tras supuestamente resistirse y 3.603 están clasificados como «muertes bajo investigación».
Los restantes 922 casos fueron cerrados sin haberse identificado a los culpables, según los datos oficiales.
HRW, que en su informe documenta 24 incidentes en los que se mató a 32 personas, aseguró que las «muertes bajo investigación» también fueron a manos de la Policía y desechó la creencia generalizada de culpabilizar a los «vigilantes» o grupos vecinales alentados por el clima de impunidad.
«Los pistoleros enmascarados que participaban en los asesinatos parecían trabajar estrechamente con la Policía, poniendo en duda las afirmaciones del Gobierno de que la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por vigilantes o bandas de narcotraficantes rivales», apuntó.
En cuanto al presidente de Filipinas, la ONG internacional aseguró que «su papel en estos asesinatos lo hace responsable en última instancia de la muerte de miles».
De este modo, instó a la ONU a «poner en marcha con urgencia una investigación internacional independiente sobre los homicidios para determinar las responsabilidades y garantizar mecanismos de rendición de cuentas».
El Gobierno de Filipinas criticó el informe de HRW, al considerar que presenta una visión «irreflexiva e irresponsable» sobre la campaña antidroga, según un comunicado del portavoz presidencial, Ernesto Abella.
Abella argumentó que «es una guerra precisamente para proteger a la humanidad de un mal moderno. Decir lo contrario es minar el legítimo deseo de la sociedad de permanecer libre de miedo y satisfacer los intereses de los criminales».
Asimismo, consideró que las acusaciones a la Policía, como la de falsificar pruebas, «son meros rumores» hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales.
El demoledor informe de HRW llega solo dos días después de que Duterte pidiera a la Policía que vuelva a prestar servicio en la «guerra contra las drogas», suspendida desde finales de enero al revelarse corrupción en las fuerzas de seguridad.
A principios de febrero Amnistía Internacional (AI) ya denunció los que considera «crímenes contra la humanidad» de la campaña antidroga y aseguró que ésta encubre asesinatos a sueldo, falseo de atestados y robos perpetrados por la policía.
El presidente filipino no ha anunciado la fecha exacta de la reanudación de su cruzada contra las drogas, aunque semanas atrás adelantó que una vez retomada la prolongará hasta el final de su mandato en 2022.
Duterte ha prometido en numerosas ocasiones limpiar Filipinas de narcotraficantes y adictos al considerar que las drogas, y especialmente la destructiva metanfetamina conocida como «shabú», están destruyendo a las nuevas generaciones del país.
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