El Gobierno de Panamá presentó acciones legales en contra del invasor de un terreno que perteneció al exdictador Manuel Antonio Noriega (1983-1989), preso en una cárcel del país, y que ahora es propiedad del Estado panameño, indicó una fuente oficial.
La denuncia fue presentada ante un fiscal de turno en la provincia central de Coclé por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) contra el ciudadano John Almillátegui por invasión ilegal de la finca 5837 ubicada en esa zona del país, en el sector playero de Farallón.
La iniciativa busca salvaguardar los bienes del Estado panameño, ya que ese terreno es propiedad de la nación como lo ordenó el Juzgado Cuarto del Municipio Penal tras dictar sentencia condenatoria a Noriega, informó en un comunicado el MEF.
Peritos de Criminalística de la unidad de Ciencias Forenses del Instituto de Medicina Legal, en conjunto con funcionarios del Ministerio Público (MP), ejecutaron una inspección ocular en el lugar de los hechos.
La finca consta en el Registro Público como propiedad del Estado panameño, por lo que cualquier intromisión en dicho bien inmueble implica una potencial comisión del delito de usurpación.
El MEF presentó además ante el Ingeniero Municipal de Antón, Bernabé Mendoza, una solicitud de demolición de una cerca de alambre de ciclón con tubería de acero galvanizado y un contenedor que Almillátegui habilitó «sin permiso» en dicha finca, señaló el comunicado.
El hecho fue dado a conocer por vecinos del área, por lo que personal del MEF inspeccionó el sitio, logrando verificar que en efecto el área había sido cercada y se había instalado un contenedor con servicios de electricidad y agua potable, de acuerdo con la información oficial.
El diario local La Estrella de Panamá publicó recientemente que la persona denunciada cercó unos 5.400 metros de terreno con el uso de alambres de ciclón con tuberías de acero galvanizado.
De 82 años y condenado a 60 de cárcel en Panamá por varios delitos, incluido homicidio, Noriega llegó a ese país en diciembre de 2011, tras cumplir 21 años de cárcel en Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
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