El Gobierno de Juan Carlos Varela manifestó este jueves su disposición a ser incluido junto a sus antecesores en las investigaciones por los sobornos de Odebrecht en Panamá.
«Nosotros queremos que se investigue todo lo de Odebrecht y de todos los gobiernos: Martín Torrijos, Martinelli y Varela. Aquí no hay intención de callar a nadie ni de tapar nada», afirmó este jueves el ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán.
La constructora brasileña comenzó a participar en grandes proyectos en Panamá durante el período de Martín Torrijos (2004-2009), del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Alemán respondió así al partido de Martinelli, Cambio Democrático (CD-opositor), que ayer acusó en un comunicado a «los sectores políticos y económicos vinculados al actual Gobierno» de presionar a la Fiscalía para limitar las investigaciones exclusivamente al periodo 2009-2014.
«El pueblo y los cuatros millones de panameños estamos demandando que se sepa la verdad», reiteró el ministro tras presentar los logros alcanzados en 2016 por el Gabinete Logístico, que él mismo preside.
Alemán pidió además a los partidos políticos y a los distintos movimientos sociales no convertir las investigaciones en un «show mediático» ni aprovechar el momento para «pescar en río revuelto y buscar apoyos políticos con miras al 2019», cuando Panamá elegirá un nuevo Gobierno.
Odebrecht se comprometió el pasado 12 de enero a pagar al Estado panameño «los primeros 59 millones de dólares» en concepto de fondo de garantía, mientras una fiscalía especial anticorrupción, creada a finales de diciembre, investiga en exclusiva los casos de supuesta corrupción que salpican a la constructora brasileña.
Según el Ministerio Público, actualmente se está investigando a cuatro personas cuyos nombres fueron mencionados por la multinacional, que en Panamá emplea a unas 8.000 personas y ejecuta diversos proyectos que superan los 3.000 millones de dólares, como la ampliación del principal aeropuerto y la segunda línea de metro.
«La línea dos va a continuar no sólo por las posiciones de trabajo que genera, sino porque es una obra necesaria para el sector este de la capital (…) es muy fácil cuando uno tiene carro o se transporta en Uber, como algunos de la sociedad civil, pedir que se cancele la obra», sostuvo Alemán.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó en un informe difundido en diciembre pasado que Odebrecht desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli.
Del dinero desembolsado en Panamá por la multinacional brasileña, 6 millones fueron a parar a los bolsillos de «dos familiares cercanos de un alto funcionario del Gobierno», de acuerdo con la información estadounidense.
Los medios locales dicen que estos dos familiares son dos hijos de Martinelli, aunque ellos negaron el pasado diciembre cualquier vinculación con el caso y atribuyeron las acusaciones en su contra «a campañas mediáticas sin fundamento».
El Gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que la empresa resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales en el país, pero distintas organizaciones sociales están pidiendo emprender más acciones y revelar los nombres de los supuestos sobornados.
La multinacional brasileña alcanzó ya un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.
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