El Gobierno de Colombia solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos toda la información que involucre a funcionarios y contratos del país con los sobornos pagados por la firma brasileña Odebrecht, al tiempo que pidió a la Fiscalía que investigue los hechos.
«Tan pronto se conoció la información, la Presidencia de la República contactó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para ofrecer su colaboración y solicitar toda la información que involucre a funcionarios y/o contratos en Colombia», informó la Presidencia en un comunicado.
Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica, entre ellos Colombia.
Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
El Gobierno colombiano también solicitó la intervención de la Fiscalía y «le reiteró que cuenta con el apoyo y colaboración del Gobierno para esclarecer esta situación inaceptable e identificar a todos los responsables».
La Presidencia agrega que según la información publicada por el Departamento de Justicia «se señala en forma específica que entre 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de dólares a un funcionario en Colombia».
«Durante ese lapso sólo existe un contrato entre Odebrecht y el Gobierno Nacional», dice la presidencia que aclara que fue adjudicado en diciembre de 2009 por el desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (INCO).
Ese contrato fue la construcción de la carretera Ruta del Sol sector 2, adjudicado por el INCO bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de transporte de la época, y solo tuvo un proponente en la licitación.
La concesión vial Ruta del Sol 2 incluye la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la costa atlántica, entre las localidades de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).
A ese contrato se le hizo una adición en marzo de 2014 por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para incluir la ruta entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar), este último puerto sobre el río Magdalena, agregó la información.
La Presidencia añade que Odebrecht ha tenido dos contratos con el Gobierno, uno de ellos de 2012 para construir una carretera entre las localidades de Puerto Boyacá y Chiquinquirá, ambas en el departamento de Boyacá (centro) y cuya obra «fue terminada a satisfacción».
El otro contrato es para la navegabilidad del río Magdalena, adjudicado en agosto de 2014.
La Presidencia explica en el comunicado que hace un año, cuando se destapó el escándalo de corrupción de Odebrecht en Brasil, la Oficina de Transparencia de la Presidencia solicitó a la Fiscalía brasileña toda la información pertinente.
«La respuesta no reveló el pago de ningún soborno en Colombia ni la comisión de delito alguno», dice la Presidencia, que a renglón seguido asegura que en el momento en que las autoridades establezcan el origen ilícito de cualquier contrato, se cancelará.
«El Gobierno Nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que adelante la investigación a la mayor brevedad para identificar a todos los responsables», concluye la Presidencia, que agrega que el Gobierno es el primer interesado en ir «al fondo» del tema y llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
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