La moción de censura contra el Gobierno socialdemócrata de Rumanía fracasó este jueves en el Parlamento, tres días después de que el Ejecutivo retirara un polémico decreto que despenalizaba ciertos casos de corrupción y que motivó grandes protestas ciudadanas.
La moción de censura -presentada por la oposición de centroderecha- no prosperó debido a la mayoría absoluta de los gobernantes Partido Socialdemócrata (PSD) y Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), cuyos diputados abandonaron el hemiciclo para no votar.
A favor de la moción votaron 161 diputados, mientras que en contra lo hicieron ocho. Para censurar al Gobierno eran necesarios al menos 233 votos.
«Tenemos el deber, ante la confianza popular, de seguir asumiendo el Gobierno de este país», declaró el primer ministro, Sorin Grindeanu, en su discurso en el Parlamento antes de la votación.
«Más allá del programa de Gobierno, no podemos ignorar los acontecimientos en Rumanía», prosiguió Grindeanu, quien prometió más «diálogo» y «consultas públicas».
El decreto ya derogado preveía despenalizar los casos de corrupción si causaban pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros, lo que desató las mayores protestas ciudadanas desde la caída del régimen comunista en 1989.
El líder del PSD, Liviu Dragnea, que se habría beneficiado del decreto, señaló que si al final no se ha adoptado «no significa que no deba hacerse», puesto que «se debe ofrecer un instrumento jurídico y proteger a las personas de una justicia injusta».
Mientras se debatía en el Parlamento, el Tribunal Constitucional dictaminó que no hubo conflicto entre el Gobierno y el poder judicial después de que el presidente del país, Klaus Iohannis, y el Consejo Superior de Magistratura pidiesen que se expresara sobre el polémico decreto.
«El Gobierno actuó de manera legal en su esfera de competencia a la hora de emitir un decreto por la vía de urgencia», afirmó a la prensa el presidente de la máxima instancia, Valer Dorneanu.
La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios -entre ellos incluso ministros y un ex primer ministro del PSD, Adrian Nastase-, lo que le ha valido los elogios de la Comisión Europea.
Dragnea debe responder ante un tribunal por un caso de corrupción por valor de 24.000 euros.
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