Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en El Salvador para analizar las negociaciones de un acuerdo fiscal sin el que el país podría caer en «default» de la deuda pública, aseguró este lunes el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana.
«Hay una delegación del FMI que está presente en nuestro país» y que «ha sido invitada por el Gobierno» porque «considerábamos que era conveniente que hicieran una valoración in situ de cual es la situación, particularmente de la negociación del acuerdo fiscal», dijo Lorenzana en una entrevista con el canal estatal.
Detalló que la misma sostendrá reuniones con los principales partidos políticos y con funcionarios del área económica del país, y que la visita concluirá el 28 de septiembre.
Según Lorenzana, este arribo también se da en el marco de la «reunión ordinaria de los gobernadores» del FMI, que se dará en los primeros días de octubre y a la que asistirá una representación salvadoreña.
La llegada de este contingente se da días después de que el Gobierno admitió la posibilidad de caer en un impago de su deuda a corto plazo por la falta de un pacto que posibilite la aprobación de 1.200 millones de dólares en el Congreso y de un acuerdo fiscal.
La semana anterior, el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, advirtió al Congreso que el país no tiene fondos para pagar las pensiones de la mayoría de los jubilados, por lo que pidió la aprobación de 71,5 millones de dólares en bonos.
Esta cantidad forma parte de los 1.200 millones de dólares que el Gobierno ha pedido a los diputados, de los que la mayoría estaría destinado a convertir las Letras del Tesoro (LETES) en Eurobonos para ampliar los plazos de pago.
De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el total de la deuda en LETES de El Salvador hasta julio anterior era de 929,90 millones de dólares y la deuda pública total de 17.175,38 millones.
En este contexto, Lorenzana aseguró que el «gran problema» de la deuda pública de El Salvador es el pago de las pensiones asumida por el Gobierno de El Salvador desde 1998.
En ese año el país centroamericano privatizó su sistema de pensiones y el Gobierno asumió el pago de los jubilados del sistema que se abandonó y el de los primeros del vigente.
En 2015, el país destinó 188 millones de dólares para el pago de los jubilados; en 2016 la cifra planificada es de 215 millones y, de no reformar el sistema, podría llegar a superar los 1.000 millones de dólares en 2035, de acuerdo a un estudio del fisco publicado en febrero pasado.
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