La Fiscalía sueca informó este viernes que ha rechazado la petición de suspender de forma temporal la orden de arresto europea contra el fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, para que pueda abandonar la Embajada de Ecuador en Londres y asistir a un funeral.
«Julian Assange ha pedido a la Fiscalía sueca que le conceda un permiso respecto a la decisión de encarcelarlo de forma preventiva y la orden de arresto europea para ir a un funeral», informaron las autoridades suecas en un comunicado.
La fiscal responsable del caso, Marianne Ny, rechazó la petición porque las leyes suecas no permiten excepciones para casos en los que hay una decisión judicial sobre prisión en ausencia o se ha emitido una orden de detención internacional.
De momento no se ha divulgado a qué funeral quería asistir Julian Assange.
El periodista australiano será interrogado el 14 de noviembre en la embajada ecuatoriana, donde lleva refugiado desde 2012, por un fiscal ecuatoriano y en presencia de representantes suecos, después de que se aplazara un mes la cita a petición del propio Assange, sospechoso de un delito de violación menor en Suecia.
Un tribunal de Apelación sueco decidió en septiembre mantener la orden de arresto que pesa contra el periodista desde 2010 y rechazar una nueva vista porque entiende que sigue siendo sospechoso, que hay riesgo de fuga para evitar un juicio y que no ha surgido información que justifique cambiar el procedimiento habitual.
Suecia y Ecuador firmaron en diciembre un acuerdo de asistencia legal en materia penal para facilitar el cumplimiento de diligencias judiciales y poder interrogar así al periodista en la embajada, donde se refugió al término de un proceso legal en el Reino Unido, que falló a favor de su entrega a Suecia.
El periodista, de 45 años, teme ser enviado después a Estados Unidos, donde podría afrontar un juicio militar por los secretos sobre la seguridad estadounidense revelados por su portal WikiLeaks.
El proceso contra Assange, que se declara inocente y no ha sido formalmente acusado de ningún cargo, ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor.
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