El fiscal Hamilton Castro pidió el arresto del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) por la presunta coima de 20 millones de dólares entregada por la empresa brasileña Odebrecht para obtener la construcción de la carretera Interoceánica.
En su pedido, Castro solicitó el arresto preventivo del ex mandatario por 18 meses, medida que tendrá que ser resuelta ahora en audiencia pública por un juez de la Sala Penal Nacional.
Cuando se convoque la audiencia, que se espera será en los próximos días, el juez decidirá si ordena un pedido de captura internacional de Toledo, pues el exmandatario estaba en Francia hasta el pasado fin de semana en que se conocieron las acusaciones en su contra.
La resolución del fiscal se daba por hecho desde que se difundiera el viernes pasado el contenido de las confesiones de los directivos de Odebrecht que reconocían el pago de sobornos a Toledo.
El Ministerio Público peruano informó este lunes que inició una investigación penal formal contra Toledo y contra Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht en Perú y Josef Maiman, el empresario amigo del expresidente que supuestamente ejerció como su testaferro.
Barata declaró al fiscal Castro que entregó una coima de 20 millones de dólares a Toledo, en cuentas de Maiman en el extranjero, para ganar la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica.
Según la fiscalía, Barata estaría acusado como cómplice primario del delito de lavado de activos y Maiman sería el autor primario de este delito.
En tanto, Toledo está acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, declaró hoy que «son cargos de imputación bastante serios y graves» y que «lo lógico es que quien dice ser inocente se ponga a derecho y afronte a la justicia, como debe ser».
Sánchez remarcó, en entrevista con RPP Noticias, que si Toledo «no se pone a derecho, lo van a detener donde se encuentre».
«El fiscal solicita el pedido al juez, tiene que motivarlo bien. Si el juez está de acuerdo con el fiscal, ordena la captura de manera internacional», explicó Sánchez sobre los pasos que seguirá la justicia sobre este sonado caso.
Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con la fiscalía peruana y se comprometió a pagar 30 millones de soles (9 millones de dólares) como devolución por los hechos ilícitos, de los cuales ha pagado la mitad hasta el momento, indicó Sánchez.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por haber recibido sobornos de Odebrecht, en un caso que cobró fuerza después de que la prensa peruana filtrara información que señalaba que Barata habría confirmado a las fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos.
Con ese dinero, Odebrecht se habría garantizado obtener la concesión para la construcción de la carretera Interoceánica.
El sábado pasado la policía allanó la lujosa vivienda que Toledo compró en Lima al poco de abandonar la presidencia y se retiró con numerosos documentos.
Desde que se conocieron las filtraciones, Toledo, que se encuentra en Francia junto a su esposa Eliane Karp, ha negado categóricamente el haber recibido dinero de la constructora, denunció una persecución de sus «enemigos» y consideró que Barata «mintió» en su declaración ante la fiscalía.
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que encabezó el gabinete ministerial de Toledo en su gestión, declaró que las imputaciones contra Toledo son «una traición» al país y Karp le respondió, a través de Facebook, que no la haga hablar porque ella «sabe lo que hizo la última vez».
En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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