El Ministerio Público de Panamá informó el lunes de que sobreseyó el caso por el que se investigaba al Grupo Wisa y al empresario Abdul Waked desde que en mayo fueran sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por blanqueo de capitales del narcotráfico.
La Fiscalía Primera de Drogas de Panamá remitió al Órgano Judicial la solicitud de sobreseimiento provisional porque, en su opinión jurídica, «los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados».
La investigación por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas, para determinar la responsabilidad del Grupo Waked International (WISA) y otras personas, fue abierta el 5 de mayo de 2016, el mismo día que Estados Unidos incluyó al empresario panameño, familiares suyos y 68 empresas en la llamada «Lista Clinton» contra los cabecillas del narcotráfico.
Desde entonces, Abdul Waked ha tenido que deslindarse de varias de sus empresas, como tiendas de duty free o grandes almacenes, para que estas pudieran seguir operando, debido a que EE.UU. le prohíbe a sus ciudadanos y a las compañías de ese país tener relaciones comerciales con los sujetos que aparezcan en la lista negra.
El Ministerio Público (MP) panameño indicó que durante la fase investigativa que empezó el mismo día de conocerse el escándalo, la Fiscalía realizó inspecciones oculares, recabó documentación importante y solicitó asistencias internacionales remitidas a dos países, los cuales no detalló y por cuyas respuestas aún espera.
«En el evento de surgir nuevos elementos que permitan la comprobación de un acto contrario al orden penal, se podrá solicitar la reapertura de la investigación», aclaró el MP en un comunicado.
El organismo también recordó que las decisiones administrativas y medidas comerciales impuestas a las compañías afectadas, entre ellas diarios como el legendario La Estrella de Panamá, «no forman parte de las atribuciones del Ministerio Público, por lo que no fueron adoptados por el fiscal de la causa».
Las empresas vinculadas al Grupo Wisa o a otros miembros de la familia Waked señalados por EE.UU. han pasado una mala racha desde que se conocieran las medidas del país norteamericano.
Por ejemplo, las del sector comercial sufrieron por meses la pérdida de los servicios de las tarjetas de crédito, por lo que se vieron obligadas a cobrar en efectivo, además de tener problemas con proveedores internacionales.
Los diarios se vieron obligados a aplicar recortes de personal, de contenido y de periodicidad de algunas publicaciones, principalmente por las complicaciones que implican las relaciones con proveedores, bancos, etc., así como por la drástica disminución de anunciantes.
El MP indicó que en su investigación, además de Waked, incluyó a los ciudadanos Nidal Waked Hatum, sobrino de Abdul, Sain Sais Hamed Fares, Walid Ali Waked El Hage, Ali Mohamed Waked Fares y al Grupo Wisa.
Con la inclusión en la lista vino también la detención en Colombia del empresario Nidal, entregado a EE.UU. en extradición porque era requerido por una corte de Florida por delitos relacionados al caso.
Su tío Abdul, sobre el que no hay cargos penales en Panamá o EE.UU., ha dicho que no tenía relación empresarial con su sobrino y ha defendido su inocencia en los medios de comunicación.
Por la rama de Nidal se produjo la intervención el mismo 5 de mayo del Balboa Bank & Trust, con unos activos netos a diciembre de 2015 de 567 millones de dólares, y de la casa de valores Balboa Securit en Panamá.
Distintos expertos, como los del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, consideran la medida de la «Lista Clinton» como un abuso y una ilegalidad porque, sin haberse pasado por un proceso jurídico que contemple el derecho a la defensa, la sanción a las empresas representa prácticamente su muerte comercial, dado el peso imponente de EE.UU. en la economía mundial.
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