La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, presentó una acusación penal contra el expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), por el caso Crucitas.
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Navas dice que el exmandatario es sospechoso de un aparente delito de prevaricato, que consiste en que un funcionarios público con poder toma una decisión a sabiendas de que es injusta o contraria a la ley.
El supuesto delito lo habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto de minería Crucitas.
En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y al Gobierno Central”. Así consta en el mandato presidencial número 34801-MINAET.
Esa mina a cielo abierto se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión, a finales de noviembre del 2010.
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Con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución contraria a la ley, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.
Fuente: Unión Radio
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