Un equipo de fiscales panameños viajó este martes a Estados Unidos para obtener información sobre el supuesto pago de sobornos que hizo en Panamá entre 2009 y 2014 la constructora brasileña Odebrecht, como indicó un informe del Departamento de Justicia estadounidense.
«Equipo de fiscales viaja a EUA para obtener detalles de presuntos actos de sobornos y utilización de instituciones financieras en Panamá», informó sin más precisiones el Ministerio Público (MP-Fiscalía) a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
El MP anunció que investigaría sobre las coimas el pasado miércoles, el mismo día que el Departamento de Justicia de ese país difundió el informe que habla de que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de país, entre ellos Panamá.
El MP ha recordado que en enero, agosto y septiembre pasados solicitó asistencias judiciales a Brasil relacionadas con casos de supuesta corrupción que involucran a la empresa.
De acuerdo al informe estadounidense, que no precisa nombres de involucrados ni los proyectos, la constructora brasileña desembolsó en Panamá 59 millones de dólares en coimas entre 2009 y 2014, los años en que gobernó el país Ricardo Martinelli, y que de ese monto 6 millones los recibieron «dos familiares cercanos de un alto funcionario del gobierno».
Medios locales han vinculado esa denuncia con los hijos de Martinelli al señalar que el MP panameño trabaja en una asistencia judicial solicitada por Suiza por posibles actos de soborno que los involucran, en el marco de una investigación que se le hace a Odebrecht en el país europeo.
«Rechazamos el inicio de las campañas mediáticas que buscan a base de publicaciones, sin fundamento, involucrarnos con una supuesta coima de 6 millones de dólares», indicaron Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, los hijos del expresidente panameño, en un comunicado difundido el lunes por su padre en Twitter.
Martinelli se encuentra en Estados Unidos y enfrenta una orden de detención dictada por el Supremo de Panamá por un caso de escuchas ilegales, una de las al menos seis causas penales abiertas en su contra por el máximo tribunal, en lo que el exmandatario tilda de «persecución política».
El Ejecutivo panameño que preside Juan Carlos Varela expresó la semana pasada su «total respaldo» a las investigaciones del MP «para que se procese y se sancione a las empresas y las personas involucradas en estos actos».
En un comunicado difundido el Gobierno añadió que hará que la empresa cumpla «estrictamente los contratos pactados» con «total transparencia» de obras que se encuentran ahora en plena construcción.
Odebrecht está involucrada en grandes proyectos de infraestructura en Panamá, como la Línea 2 del Metro, por más de 1.857 millones de dólares; la renovación de la ciudad de Colón, por 537 millones de dólares; y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por cerca de 800 millones de dólares, de acuerdo a los datos oficiales.
La Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), ha dicho que Odebrecht no debe participar «en nuevas contrataciones» en el país hasta tanto que haya resarcido al Estado, aunque resaltó que «es importante separar los temas» y que «las obras que ya iniciaron se deben concluir sin retrasos ni sobre costos».
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