Un fiscal federal de Argentina pidió este martes abrir una investigación contra el presidente Mauricio Macri y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por la firma de un polémico decreto relacionado con la inclusión de familiares de funcionarios públicos en el plan de blanqueo de capitales del Ejecutivo.
En concreto, la agencia estatal de noticias Télam explicó que el fiscal Guillermo Marijuán solicitó la apertura de la investigación tras una denuncia presentada por la diputada de izquierdas Victoria Donda en la que señala a Macri y Prat-Gay de abuso de autoridad y de excederse en los deberes de funcionarios públicos.
El régimen de blanqueo, propuesto en mayo pasado por el Gobierno y aprobado por el Parlamento con el fin de recuperar al menos 20.000 millones de dólares no declarados, excluía a los familiares directos de funcionarios del Estado, aunque un decreto firmado en noviembre agregó que esas personas sí podrían adherirse si los bienes que acreditasen hubieran sido incorporados en su patrimonio antes de la fecha en que los funcionarios hubieran asumido los cargos.
Con los fondos ingresados al sistema financiero mediante ese proyecto, el Ejecutivo busca pagar una reforma del sistema de jubilaciones, tal y como quedó fijado en el texto de la ley que sirvió para oficializar el blanqueo.
La polémica surgió por el artículo 83 de ese proyecto, que especifica que quedan excluidos del plan los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de una gran variedad de funcionarios del Estado y que fue aprobado en conjunto con el resto de la iniciativa tras un intenso debate parlamentario.
Sin embargo, el pasado 30 de noviembre, un decreto firmado por el Gobierno agregó que esas personas «podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos mencionados (los funcionarios) hubieran asumido los respectivos cargos.»
La publicación de esta orden gubernamental generó fuertes críticas de parte de la oposición, mientras que el Ejecutivo defendió que todo estaba dentro de la legalidad y solo se trataba de una discusión técnica.
«Se está planteando que aquellos que tienen bienes que son previos a la etapa en que fue funcionario su hijo o algún pariente directo, y así lo explican, quedan fuera de esa prohibición», remarcó el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, en una conferencia de prensa el pasado 1 de diciembre.
A su juicio, el decreto estaba dentro del «espíritu de la ley» y atribuciones del Poder Ejecutivo y «dentro del espíritu de que no haya ningún margen de duda para pensar que un funcionario es beneficiado de forma directa por esta ley», al tratarse de bienes incorporados al patrimonio de los familiares previamente a que el funcionario de su familia ocupase el cargo.
La denuncia formulada por Donda, de parte de la agrupación Libres del Sur, mencionaba, según expresa Télam, que el decreto «contradice explícitamente» la ley que aprobó el Congreso, que prohibía «el ingreso de familiares al mismo».
«Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Felipe Solá (del Frente Renovador), quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido», agregó Donda.
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