La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) negó haber cometido los diversos delitos de corrupción que se le imputan y reiteró sentirse víctima de una «persecución judicial y mediática» sin «antecedentes» en su país que no descarta llevar a un organismo internacional de derechos humanos.
La ex jefa de Estado acudió los juzgados federales de Buenos Aires para comparecer ante el magistrado federal Claudio Bonadio, quien el pasado febrero la citó -al igual que a sus hijos y varios empresarios de la obra pública- como investigada por presunto lavado de dinero y cohecho.
Tras declinar prestar declaración, Fernández presentó un escrito en el que rechazó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una «maniobra político-judicial» impulsada, según asegura, por el Gobierno de su sucesor, el conservador Mauricio Macri, y que busca presionar a los jueces para que vayan contra ella y su familia.
Bonadio investiga si la inmobiliaria Los Sauces, participada por Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, se dedicaba a recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez -también imputados-, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
La causa se abrió en abril de 2016 tras una denuncia presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra la familia Kirchner, en la que la acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
«La imputación de lavado de dinero no sólo resulta absolutamente falsa, según las propias constancias agregadas a la causa, sino antes bien pone al descubierto el grado de temeridad y malicia con que han procedido la denunciante Stolbizer y el juez Bonadio», señaló Fernández en el escrito presentado al magistrado, a quien reiteradamente acusa de imparcialidad.
En este sentido, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) añadió que «sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza».
Además, aseveró que aquellos fueron contratos «reales y genuinos» sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de «reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario».
A las afueras de los juzgados, ubicados en el porteño barrio de Retiro, se apostaron varias decenas de militantes kirchneristas, a pesar de que la propia Fernández había pedido que, en vez de acudir a mostrarle su apoyo, participasen de la movilización que para hoy convocó la central sindical más importante del país para protestar contra las políticas económicas de Macri.
No obstante, la imagen de apoyo de sus seguidores a las puertas de los tribunales ya es habitual en los últimos meses, ya que Fernández está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
«En todos los casos se trata de causas iniciadas por legisladores opositores a mi Gobierno, que luego fueron ampliamente difundidas a través de un aparato de propaganda que sólo registra comparaciones con el que tuvieron a su disposición gobiernos totalitarios», recriminó la expresidenta en su escrito al juez, que difundió por sus cuentas en las redes sociales.
Tras advertir de la «inusitada gravedad institucional» que asegura revierte el caso, con las «garantías constitucionales» afectadas, la exmandataria afirmó que hace «expresa reserva» de acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y los organismos internacionales de derechos humanos «por las vías legales pertinentes».
En su descargo, criticó también los embargos económicos que por esta y otras causas se ha dictado contra ella.
Con la de la expresidenta culmina la ronda de declaraciones realizada por Bonadio, quien tendrá que decidir ahora si dicta su procesamiento, es decir, si abre un proceso penal contra ella o la sobresee de la causa.
En los últimos días ya declararon López, quien aseguró ser «ajeno a la supuesta organización delictiva», Báez, que dijo desconocer detalles de operaciones entre Los Sauces y sus empresas y Romina Mercado, sobrina de Néstor Kirchner y presidenta de Los Sauces desde marzo de 2015, que aseguró que la empresa «jamás cometió delito alguno».
Además, pasaron por los juzgados los hijos del matrimonio presidencial, que apoyaron la hipótesis de la persecución contra su familia.
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