El ente anticorrupción de Panamá respaldó respaldó la investigación de la Fiscalía por las conexiones locales con la trama Lava Jato de Brasil, por las que se encuentran detenidos los socios principales del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo conocido como papales de Panamá.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) agregó este lunes que «confía» en que el Ministerio Público (MP-Fiscalía) «recibirá el apoyo económico necesario para llevar adelante tan compleja investigación, que trasciende fronteras y que pone a prueba a la clase política y al sistema judicial panameño».
Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores del bufete del que fueron sustraídos millones de documentos filtrados a la prensa en abril de 2016, y que dan cuenta de la creación de miles de sociedades extraterritoriales en 21 jurisdicciones que involucran a personalidades de todo el mundo, están detenidos desde el jueves bajo acusaciones de blanqueo de capitales.
El mismo jueves, antes de entrar a la Fiscalía para rendir una indagatoria que este lunes aún continúa, según medios locales, Fonseca Mora negó cualquier vinculación de su bufete con Lava Jato o con el caso de los sobornos de Odebrecht, y aseveró que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, había aceptado «donaciones» de la constructora brasileña.
Varela negó los señalamientos de Fonseca Mora, quien fuera hasta marzo de 2016 su ministro consejero, entre ellos la supuesta injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial, y publicó parcialmente la lista de sus donantes en la campaña que lo llevó al poder en el 2014, para demostrar que en ella no aparece Odebrecht.
La ANTAI dijo este lunes que la publicación voluntaria de la lista de donantes de Varela debe ser «emulada por todos los candidatos a puestos de elección popular, para esclarecer quiénes son los que recibieron fondos de esta empresa».
A la luz de las declaraciones de Fonseca Mora, la ANTAI aseguró que solicitó a los diputados de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) que retomen la discusión de unas reformas electorales para que «se prohíba que las empresas contratistas del Estado puedan hacer donaciones a campañas electorales».
Odebrecht es la principal contratista de Panamá, con proyectos en la última década que superan los 9.000 millones de dólares y una plantilla de 8.000 trabajadores, según la empresa.
La jefa de la ANTAI, Angélica Maytín, también exhortó a los diputados a incluir en la reforma a la ley de contrataciones públicas una prohibición para que las empresas sancionadas por actos de corrupción en el extranjero no puedan ser contratistas del Estado panameño, indicó el ente anticorrupción en su comunicado.
Esta solicitud, recuerda la ANTAI, fue realizada el año pasado al presidente Varela para que vetara una reforma a la ley de contrataciones que no incluyó esa prohibición, «pero no fue tomada en cuenta».
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