Los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC), ubicada en el Caribe panameño, instaron el lunes al Gobierno de Panamá a aplicar la ley de retorsión contra Colombia por seguir impidiendo la entrada de calzado y prendas de vestir procedentes de esta zona franca, considerada la más grande del continente.
«Ya es momento (de) que el Gobierno use la ley de retorsión con medidas fuertes y no paños tibios», exhorto la presidenta de los empresarios de la zona franca, Usha Mayani.
Según Mayani la decisión de Colombia de sustituir la semana pasada un arancel mixto que aplicaba desde 2012 por dos decretos que también restringen la entrada en el mercado colombiano de estos productos «ha dejado claro que quien toma las decisiones sobre los asuntos e intereses de Panamá» es el país vecino.
El conflicto arancelario entre ambos países se inició en 2012, cuando Colombia empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la ZLC.
La medida, según alegaron en su momento las autoridades colombianas, se tomó para evitar el uso del comercio para el contrabando y el lavado de dinero.
Panamá acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para denunciar que la decisión de Colombia violaba los compromisos comerciales adquiridos por ambos países y a principios de junio pasado el organismo internacional falló a su favor.
Colombia, en vez de acatar inmediatamente el fallo, anunció la prórroga del arancel y Panamá respondió incrementando la tasa de importación de varios productos procedentes, por lo general, de suelo colombiano (flores, carbón y cemento).
También, aprobando una ley de retorsión que establece medidas migratorias y comerciales contra aquellos países que le discriminen, la cual aún no ha llegado a aplicar.
El pasado 2 de noviembre, Colombia decidió sustituir el arancel mixto por dos decretos que contemplan endurecer los controles aduaneros.
Está previsto que este martes el Consejo de Ministros evalúe las nuevas medidas a tomar en contra de Colombia ya que, a juicio de Panamá, los decretos siguen restringiendo el intercambio comercial y violando el fallo de la OMC.
«Mientras nuestro país está a la espera de que terceros, en este caso la Organización Mundial del Comercio (OMC), defienda nuestros intereses, Colombia defiende los suyos de frente sin necesidad de terceros», añadió Mayani en un comunicado.
La zona libre, donde operan 3.000 empresas y trabajan más de 23.000 personas, atraviesa desde hace años una de las peores crisis de su historia. Sus ingresos experimentaron el año pasado una caída del 7,6 %, mientras que en 2014 y 2013 descendieron un 12,3 % y un 10,9 %, respectivamente.
La guerra arancelaria es una de las principales causas del declive de la ZLC, aunque también ha contribuido la situación económica que atraviesa Venezuela (que junto a Colombia es uno de sus principales clientes), la revalorización del dólar y la desaceleración china.
El Gobierno de Panamá ha puesto en marcha varias medidas para frenar la crisis de la zona franca, que incluyen beneficios y exenciones fiscales, pero los empresarios tienen pocas esperanzas en su recuperación.
«Decir que (la) zona libre se está recuperando sin bajar el costo operativo de las empresas es una falsedad», afirmó la empresaria.
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