El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte instó a la Policía a que vuelva a prestar servicio en la «guerra contra las drogas», un mes después de que suspendiera la campaña al revelarse corrupción en las fuerzas de seguridad.
El presidente afirmó que ha ordenado al jefe de la Policía, Ronald dela Rosa, «reclutar a hombres jóvenes y patriotas de la Policía Nacional como miembros de las fuerzas de trabajo» en las operaciones antidroga, en declaraciones recogidas este miércoles por la cadena local ABS-CBN.
«Tengo que hacerlo porque me faltan hombres», aseguró Duterte, que no especificó una fecha concreta o más detalles sobre la aparentemente próxima reanudación de la campaña.
El mandatario especificó, en todo caso, que los policías que tomen parte en las futuras operaciones deberán estar libres de corrupción.
El presidente suspendió su campaña antidroga a finales de enero tras reconocer que, bajo el paraguas de ésta, algunos agentes habían llevado a cabo prácticas abusivas, como el secuestro y asesinato de un empresario en el cuartel general de la Policía Nacional en Ciudad Quezón.
Duterte prometió entonces centrarse en llevar a cabo una «limpieza» en la Policía Nacional y, una vez finalizada ésta, reanudar las operaciones que desde el pasado junio hasta enero costaron la vida a más de 7.000 supuestos narcotraficantes y adictos.
Varios políticos favorables a Duterte y el propio jefe de la Policía Nacional, Ronald dela Rosa, instaron los pasados días al presidente a retomar cuanto antes la campaña.
Dela Rosa aseguró el lunes que de no ser así «se perderán los avances logrados en los primeros siete meses», y aseguró que está esperando órdenes del presidente para reiniciar las operaciones.
Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Filipinas firmaron ayer un acuerdo con la agencia antidroga (PDEA) que sirvió para involucrar a los militares del país en la campaña contra el narcotráfico de Duterte.
Duterte, que llegó al poder en junio de 2016, prometió limpiar Filipinas de narcotraficantes y adictos al considerar que la droga está destruyendo a las nuevas generaciones del país.
Varios países y organizaciones internacionales han criticado duramente su política de línea dura al considerar que vulnera los derechos humanos de la población.
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