El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó este miércoles que no permitirá que se encarcele a los policías acusados por la Oficina Nacional de Investigación (NBI) de asesinar en prisión al político y presunto narcotraficante Ronald Espinosa.
«No pienso permitir que estos hombres vayan a prisión, aunque el NBI diga que fue un asesinato», afirmó Duterte en un discurso en el distrito de Mandaluyong, en Manila, retransmitido por las emisoras locales.
«Cualquier cosa que diga la Policía, esa es la verdad para mí», afirmó el mandatario.
Las declaraciones de Duterte se producen después de que el NBI publicara el martes una investigación que concluye que Espinosa fue víctima de un asesinato premeditado de la Policía, y no de un tiroteo espontáneo tras resistirse el acusado a un registro de su celda, como mantienen los agentes implicados.
«Hubo intención criminal y era una conspiración. Fue una matanza premeditada», explicó ayer a los medios Ferdinand Lavin, portavoz de del NBI, el equivalente al FBI estadounidense.
El pasado octubre, cuando aun era alcalde de la localidad de Albuera, en la provincia oriental de Leyte, Espinosa fue incluido en una lista de más de cien jueces, políticos, militares y policías acusados de tráfico de drogas por Duterte.
El político filipino se entregó a las autoridades, y semanas después fue tiroteado junto a su compañero de celda, Raul Yap.
Según la Policía, los agentes se vieron obligados a disparar sobre Espinosa y Yap después de que el primero se resistiera a un registro de su celda en la mañana del pasado 5 de noviembre.
El NBI, sin embargo, afirma que según los testimonios de la celda vecina, Espinosa saludó a los policías y luego les suplicó que no le mataran, tras lo que los agentes apagaron las luces y poco después se escucharon varios disparos.
El exalcalde había sido acusado de tenencia ilícita de armas y posesión de drogas después de que la policía encontrara 11,5 kilos de metanfetamina o shabu y varias armas en un registro en su casa.
Su hijo, Kerwin, extraditado a Filipinas a mediados de noviembre tras huir a Abu Dhabi por otra acusación de narcotráfico, indicó a finales del pasado mes ante el Senado haber pagado sobornos a altos cargos de la Policía a cambio de protección durante sus negocios criminales.
Al menos 5.900 personas, según los datos oficiales, han muertos desde que comenzó la campaña contra las drogas con el mandato de Duterte, el 30 de junio, a raíz de operaciones policiales y grupos civiles que se han tomado la justicia por su mano.
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