El abogado panameño Guillermo Cochez interpuso el martes una «querella criminal» contra la cúpula la Administración del Canal de Panamá (ACP) por «extralimitarse de sus funciones» y autorizar operaciones que no tienen relación con el tráfico marítimo.
«La Constitución Nacional dice que la ACP tiene como único deber organizar el tránsito de buques y realizar actividades complementarias como el dragado o la limpieza de riberas», indicó a Efe el exembajador de Panamáante la Organización de Estados Americanos (OEA) en el periodo 2009-2013.
Sin embargo, explicó Cochez, los directivos de la ruta acuática «se están dedicando a hacer una serie de actividades propias de la empresa privada, al margen de la legislación y sin que la Asamblea Nacional haya aprobado un nuevo marco regulatorio».
Entre estas operaciones, de acuerdo con el jurista panameño, se encuentran la venta de electricidad, la compraventa de terrenos o la promoción de proyectos de infraestructura como el puerto de contenedores de Corozal, que se levantará en el Pacífico y cuya licitación está prevista para febrero próximo.
Según Cochez, el administrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, y diez miembros de la junta directiva del canal han incurrido en un supuesto delito de «usurpación de funciones», que en Panamá está castigado con un pena de entre 2 y 4 años de años de cárcel.
La ACP es una entidad jurídica autónoma, que cuenta con patrimonio propio y que se rige y organiza de acuerdo con la Ley Orgánica del 11 de junio de 1997.
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