La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) fue procesada este martes por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa sobre irregularidades en la concesión de obras públicas en su mandato, lo que supone su primer proceso en una investigación por corrupción.
El magistrado federal Julián Ercolini, en línea con lo expresado por la Fiscalía, consideró que «se encuentra acreditado» que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, integraron una asociación «destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz».
Ercolini, que dictó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares), ordenó también el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas en el mismo periodo José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido «in fraganti» cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento.
El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, estudia un supuesto esquema de «beneficios exclusivos» a favor del grupo Austral, propiedad de Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y ahora detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
«Se empieza a hacer Justicia», expresó hoy Carrió a través de la cuenta oficial de Twitter de Coalición Cívica, su agrupación política.
Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales del caso, ya habían apuntado contra los imputados por presuntos delitos de «administración infiel» y de negociaciones incompatibles con la función pública, al ver indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.
Aunque la ex jefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa propiamente relacionada con delitos considerados de corrupción.
«Estamos con mucha tranquilidad, porque era algo esperable. Es una causa del año 2008, han pasado dos periodos constitucionales, nunca la han llamado a (declaración) indagatoria en estos dos periodos y ahora que está el Gobierno de Macri la llaman a indagatoria y la procesan», criticó, en declaraciones a Efe, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta.
A su juicio, y en la misma línea de discurso que desde hace meses realiza su representada, todo esto «es típico de una persecución absolutamente política y judicial».
El letrado adelantó que «posiblemente» se presentará una apelación ante la Cámara Federal al considerar que lo expuesto por Ercolini es «de una calidad realmente paupérrima» y supone tomar «livianamente» un procesamiento de una expresidenta, lo que en su opinión puede ser objeto de sanción hacia el magistrado.
En una extensa resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como «coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública».
Ercolini considera que la ex jefa de Estado «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país».
Entre los procesados se encuentra también el exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
A su salida de los tribunales, cuando fue llamada a declarar por esta causa, el pasado octubre, Fernández reiteró, como ha hecho en múltiples ocasiones, que se siente víctima de «una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático» puesta en marcha por el Ejecutivo de Macri, que intenta, en su opinión, «tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina».
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