El Parlamento de Ecuador decidió el jueves permitir que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) sea vinculado en una indagación penal por el presunto secuestro de un político opositor en Colombia.
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La Asamblea Nacional dejó el camino libre a que Correa sea involucrado en el supuesto secuestro, sancionado con al menos cinco años de cárcel, al declarar “improcedente” un pedido que le hiciera una jueza de autorizar o no el enjuiciamiento del exmandatario.
El Legislativo se pronunció con el voto de 83 de sus 137 miembros, mientras que en las afueras de la sede parlamentaria varios cientos de simpatizantes del exmandatario protestaban contra la vinculación de su líder en un juicio penal, forcejeando con policías que reprimieron con gas lacrimógeno de acuerdo con manifestantes.
El Congreso había anticipado que Correa, quien vive en Bélgica, ya no ejerce las funciones de presidente desde mayo de 2017, por lo que “no aplica” lo que dispone la Constitución de que debe autorizar el enjuiciamiento penal del jefe de Estado.
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La titular de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabezas, expresó por Twitter: “La independencia de poderes y el respeto a la constitución debe ser nuestro mandato”.
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