El comité creado tras el escándalo de los papeles de Panamá urgió al Gobierno panameño en un informe divulgado este lunes a aplicar las leyes anticorrupción ya aprobadas conforme a los estándares internacionales, para reducir así «los altos niveles de opacidad con que se percibe» al país.
«La sola intención no es garantía de cumplimiento si no se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos e institucionales para implementar lo que se recomienda y acepta», alertó el grupo de especialistas independientes en sus recomendaciones.
Consideran que hay una «grave necesidad de reducir los altos niveles de opacidad con que se percibe a Panamá» en el exterior ya que a largo plazo, y conforme las regulaciones se endurezcan en las naciones más desarrolladas y emergentes, «se le hará al país más difícil y más difícil mantenerse competitiva como destino de inversiones deseables».
Además, exhortan a abordar el asunto como «un tema de Estado y no como una salida al paso, como se ha estado haciendo en los últimos 15 años».
El Comité fue nombrado en abril pasado por el presidente Juan Carlos Varela y lo componen el costarricense Roberto Artavia, quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School, y el expresidente panameño Nicolás Ardito Barletta, director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
También por el exministro de Economía y Finanzas Domingo Latorraca, socio-director de la consultora Deloitte en Panamá; el exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta, presidente de ABCO Global Inc. y la exviceministra de Finanzas Gisela Álvarez de Porras.
Con cuestionamientos sobre la «transparencia» de la misma comisión se retiraron de ella en agosto pasado el premio nobel de Economía Joseph Stiglitz (Estados Unidos) y el suizo Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea.
«Panamá no debe entrar en el debate de la calificación de la evasión fiscal como delito a fin de satisfacer la demanda de terceros países, ya que al ser suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNDOC) ya tiene la obligación de intercambiar información por razones de evasión fiscal cuando la misma está tipificada como delito o lavado de dinero en el país requirente», advierten los comisionados.
Los expertos reiteran que «el país no puede seguir aplazando la toma de decisiones en este campo. La decisión debe ser actuar ya, de manera firme, y con mirada al futuro, para que Panamá mantenga su posición de liderazgo económico libre de calificaciones sobre su competitividad en todo sentido».
También expresan su «gran preocupación» sobre que «por primera vez una calificadora hace un señalamiento puntual que exige elevar la normativa local al cumplimiento de los estándares internacionales», al referirse al más reciente informe sobre la calificación de deuda soberana de Standard & Poors.
«La forma en que se están desarrollando las instituciones políticas del país y los retos relevantes en relación a transparencia en el Gobierno y la regulación de su sistema financiero restringen la calificación», sentenció la calificadora.
Transparencia, proactividad, firmeza, comunicación consistente, compromiso de Estado, asignar recursos para formar profesionales competentes, adquirir las plataformas tecnológicas y crear un comité asesor permanente son algunos de los énfasis y pedidos que hacen los expertos en su informe.
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