La bancada chavista del Parlamento venezolano solicitó este viernes al Tribunal Supremo de Justicia de ese país (TSJ) que asuma las facultades de la Cámara de designar a las dos autoridades electorales del país cuyos periodos vencerán en los próximos días al considerar que el Legislativo mantiene el desacato.
El diputado Héctor Rodríguez, jefe de la facción oficialista, introdujo ante el máximo tribunal un recurso para que «la Sala Electoral corrija la omisión legislativa como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones».
El propio parlamentario explicó a los periodistas desde las puertas del TSJ que mientras la Asamblea Nacional (AN; Parlamento), controlada por el antichavismo, se mantenga en desacato, sus actos «son nulos hasta que la directiva decidan acatar la Constitución» y las sentencias del máximo tribunal.
El periodo de dos de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) vence el próximo 4 de diciembre, por lo que por facultad legislativa, la Cámara debe designar a las dos autoridades que reemplazaran a los salientes.
El directorio del Poder Electoral está actualmente formado por cinco rectores (cuatro mujeres y un hombre) y solo uno de ellos está asociado a la oposición venezolana, mientras que las otras cuatro están consideradas simpatizantes del chavismo.
El pasado 11 de agosto la AN inició un proceso para designar a estas dos autoridades, sin embargo el chavismo, que por primera vez en 15 años no controla las decisiones del pleno, considera que ese proceso es nulo porque el Parlamento se mantiene en desacato tras resistirse a aprobar la destitución de dos diputados que fueron juramentados en contra de una sentencia del TSJ.
Aunque los tres diputados opositores, cuya proclamación fue revocada, habían solicitado hace días voluntariamente su desincoporación para poner fin al desacato del Parlamento, el TSJ pidió al Legislativo que haga pública su aprobación y le notifique del fin del desacato.
El retraso en la designación de estas autoridades fue calificado por Rodríguez como «peligroso», porque podría poner en riego la celebración de las elecciones de gobernadores y alcaldes prevista en el país para el próximo año.
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