La falta de autorización de los jueces de cumplimiento de dos condenas en firme contra Manuel Antonio Noriega ha impedido ejecutar la medida de arresto domiciliario temporal aprobada para el exdictador, que tiene programada para el próximo 15 de febrero una operación del cerebro.
«La fecha prevista para la cirugía es el 15 de febrero», reveló Ezra Ángel, abogado defensor de Noriega, quien «tenía tres semanas previas», que comenzaron a correr ayer, para poder prepararse en arresto domiciliario para la intervención, que busca extirparle un tumor cerebral benigno.
Después de Ángel lo solicitara, la Segunda Oficina Judicial del Primer Circuito de Panamá fijó para este viernes, a las 15.00 hora local, una audiencia en la que se decidirá si se autoriza el traslado de Noriega a una casa, presumiblemente la de alguna de sus tres hijas
La vista será ante el juez de cumplimiento de las condenas que ya cumple Noriega por los casos de la Masacre de Albrook y el homicidio de Moisés Giroldi, informó el Órgano Judicial en un comunicado.
«Tan pronto los jueces de cumplimiento tomen su decisión, esperamos que sea positiva, se realizará entonces el traslado (…) le pedimos a las autoridades que (las audiencias) se hagan con la mayor brevedad posible, porque está en riesgo la vida de nuestro representado», dijo Ángel.
Añadió que en la medida que haya más retraso «habría que reprogramar la fecha de la cirugía y esta dilatación pone en riesgo la vida» de Noriega, quien padece, además de tumor cerebral benigno, una serie de enfermedades crónicas propias de su avanzada edad.
El lunes pasado se informó que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había autorizado el arresto domiciliario de Noriega por recomendación de un equipo médico.
El argumento fue que el octogenario exgeneral necesitaba una serie de condiciones para prepararse para la cirugía que no están disponibles en la cárcel donde permanece recluido desde diciembre de 2011, cuando regresó a Panamá para cumplir condenas que suman 60 años de prisión.
La medida de «depósito domiciliario» fue aprobada por el caso de la muerte en la década de 1970 del sindicalista Heliodoro Portugal, un proceso que está suspendido porque el exdictador está incapacitado para enfrentarlo dada su condición de salud, según un informe del Instituto de Medicina Legal revelado a finales de mayo de 2016.
Noriega, que gobernó de facto entre 1983 y 1989, llegó a Panamá en diciembre de 2011 tras cumplir 21 años de cárcel en Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
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