El administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, aseguró que «todos los contratos» de la ampliación de la vía «han sido cerrados y los reclamos pagados», con excepción del de las nuevas esclusas, a cargo del consorcio GUPC, liderado por la firma Sacyr, y cuya resolución está en manos de terceras instancias.
La última reclamación resuelta bilateralmente, en una fecha no precisada, fue una del consorcio integrado por la española FCC, la mexicana ICA y la costarricense MECO, que se saldó por «11 millones de dólares» frente a los «41 millones» pedidos por las empresas, reveló Quijano en una entrevista con Efe en su despacho, en el edificio de la Administración del Canal de Panamá (ACP).
El consorcio se adjudicó en diciembre de 2009 por 267,79 millones de dólares el contrato del llamado proyecto CAP-4, de excavación de 6,1 kilómetros del nuevo cauce (27 millones de metros cúbicos), la segunda mayor licitación de la obra de ampliación tras las esclusas.
«Ellos se encargaron de esa porción de ese proyecto que también fue complicado (…) ellos habían reclamado en el pasado (…) llegamos a acuerdos extra arbitrales porque se acomodaron a lo que nosotros podíamos justificar, había los méritos pero no en las cuantías que estaban pidiendo», dijo Quijano sin revelar cifras.
Al final, añadió el administrador de la ACP, con el consorcio FCC-ICA-MECO «nunca se resolvió nada en arbitraje, todo lo resolvimos entre las partes porque lo podíamos sustentar».
«En este momento todos los contratos de la ampliación han sido cerrados y han sido los reclamos pagados (…) el único que está ahorita mismo pendiente por esas reclamaciones, que yo digo son un poquito exageradas por no decir otra cosa, son los que tenemos con GUPC», sostuvo.
«No podemos tener un acuerdo» con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), «pero tenemos instancias» previstas en el contrato «en donde se pueden resolver» los reclamos del consorcio, que superan los 3.400 millones de dólares, «y eso es lo que estamos exigiendo», declaró Quijano.
El GUPC, liderado por la española Sacyr e integrado por Salini Impregilo de Italia, Jan De Nul de Bélgica y CUSA de Panamá, se adjudicó en 2009 por 3.118 millones de dólares el contrato de construcción del tercer juego de esclusas.
Quijano recordó que el «único contrato» que contempla «tres instancias» para resolver los reclamos económicos es el de las nuevas esclusas, las monumentales estructuras que dan paso desde el pasado 26 de junio a los buques neopanamax, con capacidad de hasta 13.000 contenedores, el triple de lo que permitía la vía operativa desde 1914.
La cuantía de los reclamos es lo que ha impedido que los mismos se hayan resuelto en una instancia interna, la primera que prevé el contrato y a la que le sigue la Junta de Resolución de Conflictos (JRC) y el arbitraje internacional, sostuvo el responsable de la vía interoceánica, por donde pasa 6% del comercio mundial.
En ese sentido y sin entrar en detalles, Quijano dijo que recientemente tuvo lugar en Miami (EE.UU.) una audiencia por una de las reclamaciones económicas del GUPC y esperan «en los próximos meses un resultado de ese primer arbitraje».
El ensanche de la vía acuática, que atiende principalmente la ruta Asia-Costa Este de EE.UU. y el Golfo, que representa alrededor de 35% de su negocio, es una de las maravillas de la ingeniería moderna e involucró 4,4 millones de metros cúbicos de cemento, 16 monumentales compuertas con peso total de 50.000 toneladas y unos 20.000 trabajadores durante casi 9 años.
El Canal de Panamá obtuvo 1.933,1 millones de dólares en ingresos por peajes en el año fiscal 2016, que terminó el 30 de septiembre pasado, por debajo de los 2.010,7 millones proyectados para el período, lo que la ACP atribuyó al retraso de tres meses en la inauguración de la ampliación.
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