La Autoridad del Canal de Panamá(ACP) afirmó que no se extralimita de sus funciones y que todas las actividades que lleva a cabo «tienen conexión» con el funcionamiento de la ruta acuática.
La ACP reaccionó así a la querella interpuesta hoy por el abogado panameño Guillermo Cochez en contra del administrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, y diez miembros de la junta directiva del canal por el supuesto delito de «usurpación de funciones».
Según Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, los directivos de la ruta acuática «se están dedicando a hacer una serie de actividades propias de la empresa privada» que no están recogidas en la ley que regula la ACP.
Entre dichas operaciones se encuentran, de acuerdo a la denuncia, la venta de electricidad, la compraventa de terrenos o la promoción de proyectos de infraestructura como el puerto de Corozal, que se levantará en el Pacífico y cuya licitación está prevista para febrero próximo.
La ACP indicó que está plenamente facultada para desarrollar actividades complementarias o conexas al funcionamiento del canal, con base en el Título XIV de la Constitución, la Ley Orgánica de la ACP y los reglamentos de la materia.
Además, dijo que es «totalmente falso» que la actividad portuaria sea una actividad privativa de la Autoridad Marítima de Panamá, ya que la propia Ley que crea esa instancia «y más importante aún, la Ley de Puertos, establece en su artículo 1 que la misma no es aplicable a la ACP», explicó la administración en un comunicado.
También recordó que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido en el pasado, en varias ocasiones, que la facultad de la ACP para desarrollar actividades complementarias no usurpa las funciones de la Asamblea Nacional (parlamento).
La administración canalera alega que el proyecto de Puerto de Corozal forma parte de la estrategia de diversificación de la autoridad, iniciada en el año 2000, para modernizar y garantizar la competitividad y eficiencia de la vía interoceánica.
La estrategia contiene múltiples proyectos con potencial de generar nuevos ingresos y se enfoca en promover el desarrollo logístico en las riberas del Canal y áreas circundantes, indica un texto de la ACP que responde a una consulta de Cochez y fue distribuido por la fuente.
El delito de «usurpación de funciones» está castigado en Panamá con un pena de entre 2 y 4 años de años de cárcel.
La ACP es una entidad jurídica autónoma, que cuenta con patrimonio propio y que se rige y organiza de acuerdo con la Ley Orgánica del 11 de junio de 1997.
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