La entidad financiera venezolana Banesco Banco Universal, denunció la supuesta existencia de una especie de agencia bancaria que se encuentra dentro de un centro penitenciario y que está «usurpando» su identidad, por lo que denunciará ante las autoridades «esta grave irregularidad».
La información fue dada a través de la cuenta de Twitter del banco, al señalar que tuvieron conocimiento de ello gracias a la periodista venezolana Alexandra Belandia, quien publicó fotos de la supuesta oficina en la misma red social.
Fuentes de Banesco dijeron a Efe que al conocer la información se comunicaron con la periodista y que les corroboró que en el Penal de Tocuyito, ubicado en el céntrico estado Carabobo, funciona «un negocio que es como una especie de banco y que han vestido con la identidad de Banesco».
«No hay ninguna agencia allí nuestra, es un uso ilegal e inconsulto de nuestra imagen corporativa», dijo la fuente de Banesco a Efe, quien además explicó que la figura que usa la supuesta agencia es la que fue desplazada el año pasado, cuando se hizo un cambio de imagen.
Banesco cree que la imagen que están usando en la supuesta agencia pudo haber sido obtenida de un robo que sufrió el año pasado uno de sus proveedores.
Para la entidad financiera «resulta sorprendente que se pueda usurpar el nombre de un banco y abrir una agencia ilegal en un recinto penitenciario», según otro mensaje publicado en Twitter.
Hasta el momento, ni la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ni el Ministerio para el Servicio Penitenciario se han pronunciado por el caso.
Sin embargo, la diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, la opositora Delsa Solórzano expresó que junto a su compañero Richard Blanco, quien preside la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, abrirá una «investigación oficial sobre el caso denunciado por Banesco».
En Venezuela se ha denunciado que dentro de las cárceles existen restaurantes, drogas, motocicletas, discotecas e incluso, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, reconoció la existencia de estas últimas en 2014.
Sin embargo, este ministerio promueve en la actualidad la implantación de un riguroso «nuevo régimen» que se ha puesto en marcha hasta la fecha en 83 cárceles nacionales y que ha provocado el cierre de otras seis.
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