La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este viernes una ley que tipifica los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, estableciendo penas de hasta diez años de prisión.
La normativa castiga las torturas cometidas por un empleado público o particulares en funciones públicas, así como los instigados o con conocimiento de algún funcionario, destacó Bachelet en un acto celebrado en el palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.
Las penas pueden ser más graves cuando la tortura o malos tratos se cometan junto a otros delitos, indicó la mandataria.
«Desgraciadamente sabemos que la tortura y los tratos crueles suelen cometerse junto a otros delitos, como homicidio o violación, y entonces la ley establece penas más graves, que pueden llegar hasta presidio perpetuo calificado», precisó.
El presidio perpetuo calificado es la pena máxima que establece el sistema procesal chileno y establece que el condenado no puede acceder a ningún beneficio carcelario antes de cumplir 40 años efectivos en prisión.
Cuando se trate de actos crueles, inhumanos o degradantes que no califiquen como torturas, la pena puede llegar hasta los cinco años de prisión.
La nueva ley, dijo la mandataria chilena, se ocupa no solo de las torturas que genera daños físicos a las víctimas, sino que incluye otras figuras, como la tortura psicológica y la violencia sexual.
Se trata, dijo Bachelet, de un tipo de violencia «que es invisible cuando las víctimas son mujeres y se le considera un delito menor».
«Considerar las tres dimensiones de las torturas, física, psicológica y la violencia sexual, nos pone a la altura de los más recientes avances en materia de prevención de este flagelo en el mundo», resaltó.
Agregó que la impunidad de estos actos de tortura hacia las mujeres produce una sociedad que naturaliza a la violencia contra ellas, «y por eso esta ley enfatiza una distinción específica».
«La tortura, a pesar de su prohibición absoluta en todo tiempo, espacio y lugar, está lejos de ser erradicada en el mundo y por momentos parece incluso crecer», consideró Bachelet.
Por eso, añadió, «Chile no solo adapta su legislación interna, sino que se ha comprometido a liderar la iniciativa contra la tortura que agrupa a países de todos los continentes, con el objetivo de prevenir este crimen y promover la ratificación de los instrumentos internacionales en esta materia».
Anunció además que el Gobierno trabaja actualmente en un proyecto que crea el mecanismo nacional de prevención de la tortura, que estará radicado en el Instituto nacional de Derechos Humanos.
Bachelet se refirió al caso de Lorenza Cayuhan, una comunera mapuche condenada a prisión que debió parir una bebé con los pies engrillados y con guardias en la sala de partos, pese a que fue sometida a una cesárea bajo anestesia total.
«Esta situación debe ser investigada en profundidad para conocer la verdad de lo sucedido», dijo al respecto la mandataria, quien anunció al respecto que ordenó a la Subsecretaria de Derechos Humanos que elabore un nuevo reglamento penitenciario para que se trate con dignidad «no sólo a las mujeres, sino que a todas las personas privadas de libertad».
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