El Parlamento de Venezuela aprobó este miércoles un «acuerdo en rechazo al tráfico de influencias y al abuso de poder» por parte de dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, declarados culpables en Estados Unidos por tráfico de drogas, e instó a otros poderes a investigar el caso.
El Legislativo acordó instar a la Fiscalía y a la Contraloría de Venezuela a «iniciar averiguaciones» para determinar si existe mérito para el enjuiciamiento penal de los involucrados en este caso de narcotráfico.
El tema discutido en la Cámara fue presentado por el diputado opositor Ismael García, que criticó que el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, «mantiene absoluto silencio» sobre el caso de sus familiares, quienes se enfrentan a una pena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.
«Estamos frente a un hecho extremadamente grave que amerita que este Parlamento apruebe un conjunto de consideraciones y que designe además una comisión mixta integrada» entre diputados opositores y chavistas para investigar el caso, dijo el parlamentario opositor durante su intervención en la plenaria.
El diputado criticó que, según la investigación llevada a cabo en el juicio en EE.UU. a los familiares de la pareja presidencial de Venezuela, estos jóvenes hayan «utilizado el hangar presidencial» y «pasaportes diplomáticos» para cometer este delito internacional.
Asimismo, el también diputado opositor Julio Montoya destacó que, si bien no se puede afirmar que el presidente Nicolás Maduro o su esposa Cilia Flores estén involucrados en el delito, éste debe explicar al país cómo no estaba al tanto de la situación si tiene a disposición todos los organismos de seguridad del Estado.
«Cómo me explican a mí que el presidente de la república tiene el SEBIN -servicio de inteligencia-, el DIM -servicio de contrainteligencia militar-, (…) las fuerzas armadas bolivarianas, la inspectoría militar, y no se haya dado cuenta en ningún momento que alguien de su círculo estaba vinculado al tema del narcotráfico; o es gafo o es cómplice», afirmó Montoya.
La bancada opositora resaltó que el Parlamento venezolano debe pedir una copia del expediente al tribunal de Nueva York, «para que la comisión que le corresponda investigar el caso pueda llegar al fondo de las cosas».
Entretanto, los diputados de la bancada chavista votaron en contra del acuerdo y calificaron de «aborrecibles y rastreras» las intervenciones de «los voceros de la derecha», que, afirmaron, forman parte de «una campaña de aniquilamiento moral» contra Nicolás Maduro y su familia.
«Que el gobierno de Estados Unidos haya hecho ese burdo montaje con la DEA (agencia antidrogas de EEUU) es una demostración de que no pueden contra la revolución bolivariana», afirmó el parlamentario Pedro Carreño.
El diputado oficialista Edwin Rojas aseguró que el juicio contra los parientes de la primera dama estuvo «amañado».
Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció hoy que demandará al excandidato presidencial Henrique Capriles por presuntamente falsificar documentos que vinculan al Gobierno con el caso de los sobrinos de la pareja presidencial.
Según Rodríguez, Capriles «miente fraudulentamente y delinque nuevamente al falsificar documento público para engañar a la opinión pública», esto después de que el opositor difundiera a través de las redes sociales fotos de los supuestos pasaportes diplomáticos que portaban los parientes de Maduro.
La canciller aseguró que «es absolutamente falso que la Cancillería venezolana ha otorgado pasaporte diplomático a ciudadanos que no aplican conforme a las normas».
Ante esta acusación de la canciller, el también gobernador del estado Miranda (oeste) replicó que el gobierno «no tiene vergüenza».
«Ahora el problema son los pasaportes y no la droga que traficaban desde hangar presidencial», dijo el gobernador opositor a través de Twitter.
Capriles ha asegurado que Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas usaban pasaportes diplomáticos cuando fueron detenidos en Haití, de acuerdo al material probatorio recopilado por la DEA.
Desde que los jóvenes fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015, el jefe de Estado venezolano y su esposa no han hecho comentarios al respecto, salvo para sugerir que sus parientes fueron detenidos ilegalmente y «secuestrados» por las autoridades estadounidenses.
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