Tres días después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump se enfrenta a una primera demanda presentada este lunes en Nueva York, que lo acusa de violar la Constitución por los ingresos que reciben sus negocios de parte de Gobiernos extranjeros.
De acuerdo con los demandantes, una organización civil con sede en Washington, un presidente de Estados Unidos no puede recibir ningún emolumento de Gobiernos extranjeros porque pondría en riesgo la independencia del país.
El planteamiento legal es un nuevo giro en la larga polémica que enfrenta a Trump con políticos demócratas y organizaciones civiles por el temor de que su imperio inmobiliario dentro y fuera del país choque con los intereses de Estados Unidos.
«Nunca antes el pueblo de EE.UU. ha elegido a un presidente con unos intereses empresariales tan vastos, complicados y secretos» como los de Trump, dice el primer párrafo de la demanda presentada por el grupo Ciudadanos en favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por su sigla en inglés).
Esta organización ha reunido una lista de las propiedades vinculadas a la Organización Trump y los pagos de Gobiernos extranjeros que cree se hacen a ese conglomerado, aunque sostiene que todavía falta por conocer mucha información.
«El presidente Trump es el primero en décadas que no ha dado a conocer sus declaraciones de renta», afirma el presidente del consejo de CREW, Norman Eisene, en una nota que informa de la presentación de la demanda.
Durante la campaña electoral, Trump dijo que sólo haría públicas sus declaraciones de renta cuando se terminaran las auditorías, y después de llegar a la Casa Blanca sus portavoces ya comienzan a decir que no las dará a conocer.
El grupo demandante sostiene que Trump está violando una cláusula de la Constitución que impide a «cualquier persona con funciones públicas» aceptar emolumentos de parte de «reyes, príncipes o estado extranjero», a no ser que lo autorice el Congreso.
De acuerdo con el texto de la demanda, los negocios inmobiliarios que tiene Trump han creado «incontables conflictos de intereses» y «una influencia sin precedentes de parte de gobiernos extranjeros», lo que representa una «grave amenaza» a Estados Unidos.
Entre las remuneraciones especiales que, según los demandantes, se verían amparadas en el litigio se encuentran los ingresos por el alquiler de espacios en la Torre Trump a un banco oficial de China y a la oficina de turismo de Abu Dhabi.
También por los pagos que hacen funcionarios extranjeros por un hotel en Washington recientemente inaugurado, cercano a la Casa Blanca, y hasta por las regalías de cadenas públicas que emiten un programa de televisión producido por la Organización Trump.
La demanda, que ha sido presentada en Nueva York porque muchas de las propiedades de Trump están en esta ciudad, incluye además propiedades o proyectos inmobiliarios en países como China, India, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Turquía.
Trump y su equipo han venido insistiendo en que el presidente ha cedido la gestión de sus negocios a sus hijos, aunque no la propiedad, y sostienen que el gobernante no está obligado por ley a desprenderse de sus propiedades, algo que sí afecta a su gabinete.
Pero, además, sus representantes legales ponen en duda que la cláusula mencionada se aplique a funciones que no estén ligadas a las presidenciales y, además, los cobros estén por encima de un «precio justo», lo que implicaría una remuneración extraordinaria.
Sin embargo, también dijeron que, por si aún quedaran dudas, Trump donará al Tesoro cualquier beneficio que genere su clientela de gobiernos extranjeros que usen sus hoteles o «negocios similares».
El mismo Trump, consultado en Washington sobre esta demanda, la calificó «totalmente sin mérito alguno».
Los demandantes, que no buscan una compensación económica, aunque tienen que demostrar que han sufrido daños en tiempo y dinero por estas acciones de Trump, quieren que el juez se pronuncie claramente sobre si el presidente está violando o no la Constitución.
«Esta demanda simplemente pide a un tribunal federal que haga cumplir la Constitución y reafirme que ninguna persona, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley», sostiene uno de los expertos legales que apoya el recurso, Erwin Chemerinsky.
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