El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue acusado este viernes de asesinato, secuestro y tortura ante el defensor del pueblo por un filipino que dijo haber servido de sicario al mandatario cuando dirigía la Alcaldía de Davao (sur).
La querella contra el jefe de Estado no puede prosperar porque está protegido por la inmunidad contra este tipo de denuncias.
El denunciante es Edgar Matobato, quien el pasado septiembre declaró ante el Senado que formó parte de los «escuadrones de la muerte» que organizó Duterte como alcalde de Davao para limpiar la ciudad de delincuentes.
Matobato indicó en su escrito que estos escuadrones fueron responsables de la muerte de «miles» de personas desde que el ingresó, en 1988, hasta que los abandonó, en 2013, según el diario local Phil Star.
Duterte dirigió la Alcaldía de Davao, que tiene una población de 1,5 millones de habitantes, durante 22 años, en los periodos de 1988-98, 2001-10 y 2013-16.
La denuncia de Matobato también incluye a Paolo Duterte, hijo del mandatario y vicealcalde de Davao desde 2013, y a otras 26 personas.
La Presidencia de Filipinas restó importancia a estas acusaciones y las calificó de maniobra política de «acoso» y «distracción», en un comunicado.
Los llamados «escuadrones de la muerte de Davao» han sido investigados en varias ocasiones en el pasado, la última por el Senado este año, y ninguno de los procesos ha acabado con una condena.
A pesar de estas acusaciones y los 5.900 muertos en su campaña contra las drogas, Duterte conserva un gran índice de popularidad entre la población.
En las encuestas sobre sus primeros tres meses en el cargo, plazo que se cumplió en octubre, el nivel de aprobación superó el 80 por ciento en la mayoría de los sondeos.
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