Los dineros, bienes e inmuebles que el exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, adquirió como empresario y antes de ser parte del Gobierno serán los que el Estado le regresará.
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Según el acuerdo validado por el juez Decimoquinto Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Leslie Loaiza, a Guardia Jaén le devolverán cien mil noventa y cuatro dólares con setenta y tres centavos ($100,094.73), así como también un Toyota Hillux, una Land Cruiser Prado y un Porshe Serena. También, cuatro casas.
Dichas viviendas son dos apartamentos:Uno en Punta Pacífica y el otro en San Carlos; una mansión en Costa del Este (valorada en cerca de un millón de dólares) y otra en Condado del Rey.
De acuerdo con Loaiza, la devolución de los bienes fue parte de lo establecido en el acuerdo entre la fiscalía y la defensa. La acción está contemplada en la Ley 57 del 17 de septiembre de 2013.
Loaiza destacó que no se ha acreditado que los bienes que fueron aprehendidos guarden relación con el tiempo en que Guardia Jaén ingresó como funcionario. El juez tampoco acreditó que dichos bienes hayan sido adquiridos producto de actividades de blanqueo de capitales.
En un comunicado aclaratorio, Loaiza indicó que las seis cuentas bancarias, los tres vehículos y las cuatro casas fueron adquiridas por el exfuncionario en su vida de empresario (transportista).
«El Ministerio Público tenía conocimiento que el señor Rafael Guardia Jaén mantenía bienes adquiridos antes de ser funcionario público, porque tenía la calidad de empresario [transportista]», indicó.
El juez hizo la aclaratoria tras desatarse una lluvia de críticas en los medios de comunicación y redes sociales por la decisión y más cuando el Ministerio Público rechazó la validación del pacto, precisamente por su supuesta oposición a que los bienes comisados fueran devueltos a Guardia Jaén.
Luego de conocerse la decisión de Loaiza, miembros de la sociedad civil solicitaron que se abriera un proceso investigativo contra este juez.
Con el acuerdo de pena el exdirector del PAN, quien tiene una medida cautelar de casa por cárcel, deberá cumplir una condena de 60 meses de prisión, de los cuales ya cumplió 32. También quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el mismo tiempo y debe devolver la suma de $30 millones al Estado panameño.
Fuente: El Siglo de Panamá
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