Tres sujetos a quienes se les había dictado libertad condicional por su relación con un asesinato durante un robo a banco en Panamá serán puestos en detención preventiva por una orden emitida el jueves en un tribunal de apelaciones.
El Órgano Judicial informó en un comunicado de que el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial tomó la decisión de mantener detenidos a estos tres sospechosos mientras dure la investigación.
Los cuatro implicados en el asalto al banco y el homicidio de la madre de un fiscal que allí trabajaba fueron presentados ante la justicia el pasado 12 de febrero; a uno de ellos se le dictó arresto provisional mientras que a los otros tres se les ordenó permanecer en la provincia de Panamá.
El tribunal de apelaciones determinó que existen riesgos procesales de peligro de destrucción de pruebas, esto aunado a que no se han encontrado aún las armas ni el dinero robado al banco el pasado viernes 10 de febrero en el sector de Chanis, al este de ciudad de Panamá.
El juzgado también concluyó que este es un hecho «traumático» tanto para los familiares de las víctimas, como para toda la sociedad, «lo cual es tomado de forma objetiva para fundamentar el temor de los testigos a continuar en el proceso», apuntó la fuente.
La decisión del tribunal de apelaciones se tomó por voto mayoritario de las magistradas Miriam Jaén y Gladys Moreno, mientras que el presidente del ente, Carlos Rivas, salvó su voto por considerar que el Ministerio Público no presentó los mismos alegatos en la audiencia en la que se dictaron las primeras medidas cautelares, lo cual constituye «falta de lealtad procesal».
En esta vista participó el fiscal superior de la Sección de Homicidio y Femicidio, Rafael Baloyes, quien apeló la resolución de primera instancia.
Por parte de la defensa particular estuvieron presentes los abogados Alfredo Vallarino, José Díaz Aguilar y Abdiel Sánchez Chávez, junto a sus respectivos apoderados de edades de 20 años, 18 y 19, respectivamente, todos imputados por la supuesta comisión de los delitos de homicidio doloso agravado y robo agravado.
El abogado Mauricio Ceballos se constituyó como querellante en representación de los familiares de la víctima, Alina Ivaldi, quien falleció de un tiro en la cara, mientras que la abogada Lizzeth Chevalier actuó en representación del Banco General, afectado por el robo, indicó el OJ.
En esta causa se fijó el plazo de 6 meses para concluir la investigación.
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